El Salvador ofrece una salida legal para el embarazo inviable de Beatriz
La ministra de Salud asegura que salvará la
vida de la mujer a pesar de que el Constitucional negó la posibilidad de un
aborto. La Corte Interamericana exige al Gobierno que ampare a la joven
El Gobierno de El Salvador abrió ayer por la
tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la joven salvadoreña cuyo
embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su vida. A pesar de la denegación de
amparo del Constitucional salvadoreño, al que la mujer había
recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica prohibida en ese
país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales para que los
médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta mujer a como dé
lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel
Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó
que el Constitucional deniega la petición de aborto por considerarlo contrario
a su Carta Magna; pero que en el caso de que la salud de la mujer empeore y
debido a que está ya en la semana 25 de gestación se le podría inducir un
parto. “No estamos trabajando para la destrucción del feto, pero sus
condiciones se han demostrado incompatibles con la vida”, incidió.
El Gobierno de Mauricio Funes trata de
buscar una salida para el caso de la mujer que ha puesto la defensa de los
derechos humanos de El Salvador en el punto de mira. Y ha encontrado sustento
en el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió
ayer a las autoridades del país que inicien “de manera urgente todas las
medidas que sean necesarias y efectivas” para que los médicos puedan “evitar
daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y
salud” de la joven. La resolución
de este órgano judicial de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) no solo es vinculante; también es histórica: es la primera vez
que se pronuncia sobre un caso de aborto, por lo que sienta un precedente muy
relevante en la región. El dictamen, por tanto, es importante; pero lo es más
la intención del Gobierno de dar amparo a Beatriz. Porque a pesar de que El
Salvador debería acatar el dictamen de la Corte de la OEA, podría eludirlo y hacerlo
inefectivo con solo dilatar los plazos.
Beatriz, de
22 años, padece lupus eritematoso discoide e insuficiencia renal
grave, patologías que se agravan con el embarazo cada día que pasa. Además, el
hijo que espera tiene anencefalia —falta de parte del cerebro— y su pronóstico
es, según el comité médico que estudia el caso, nefasto. Sobrevivirá, si lo
hace, como máximo unos días; y no sin sufrimiento. Razones por las cuales los
facultativos que la atienden en el Hospital de San Salvador donde está
hospitalizada aconsejaron
que no continuara la gestación.
Los médicos aún no
se sienten del todo seguros para actuar
No obstante, el Constitucional salvadoreño,
que escuchó en una vista oral a varios expertos en medicina legal, a la propia
mujer y a los médicos que la atienden, considera que la salud de Beatriz no
corre un riesgo inminente. Afirman que está “estable” y dictaminan que debe ser
monitorizada y atendida convenientemente; y que en el caso de que se diese
alguna complicación los médicos podrían realizar “las actuaciones que
correspondieran desde el punto de vista médico”.
Y es precisamente a esa rendija a la que
aluden las autoridades sanitarias del país. “Hemos analizado el fallo del
Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar, y sin contravenir
la Constitución. La corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para
salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los
medios disponibles para ello”, argumenta la ministra
de Sanidad. “Eso significa que deja todo en manos de las autoridades
de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los
médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo
eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni
los facultativos tendrían consecuencias legales”, argumentó. “Nosotros no vamos
a dejar de atenderla y ante el primer síntoma de que se extrema su gravedad el
equipo médico lo hará inmediatamente”, apuntó.
Fuentes médicas del hospital que atiende a
Beatriz, sin embargo, explican que a pesar de la histórica resolución de la OEA
y del apoyo del Gobierno los facultativos aún no se sienten seguros del todo
para actuar. En su fallo, notificado el miércoles por la noche, el
Constitucional salvadoreño avisa: “Los médicos deben asumir los riesgos que conlleva
el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente
decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el
referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del
producto de la concepción”. “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse
sobre los del nasciturus [el no nacido] ni viceversa”, dice la
resolución del Constitucional salvadoreño, que ha salido adelante por tres
votos frente a uno (otro magistrado se abstuvo).
El caso ha suscitado
una enorme movilización política y social
En El Salvador la interrupción del embarazo
está prohibida en cualquier circunstancia y se castiga con hasta 50 años de
cárcel para las mujeres que se someten a ella —porque son procesadas por
homicidio agravado— y con 12 años para los médicos que la realizan. Y eso
supone todavía una inquietud para los médicos, muy presionados también por el
debate social. Las organizaciones antiabortistas y la Conferencia Episcopal de
El Salvador se han mostrado radicalmente en contra de cualquier intervención
que implique poner fin al embarazo de Beatriz y han mantenido desde hace
semanas un duro discurso contra cualquiera que la asista.
Mientras sus abogados y las autoridades
salvadoreñas tratan de poner en marcha todas las opciones para que Beatriz
pueda poner fin a la gestación, la mujer, madre de un hijo de 18 meses, está en
vilo. Lleva casi dos meses hospitalizados en un centro de San Salvador (la
capital del país) esperando que se le permita interrumpir un embarazo que ya
sabe inútil. “Me siento mal con todo lo que está pasando, porque no quieren
hacerlo [la intervención] sabiendo que el niño no va a vivir al nacer”, explicaba
hace unos días en un vídeo, en el que rogaba a las autoridades que le
permitieran abortar. “Pido al presidente, a Mauricio Funes, que
me ayude para que la sala del Constitucional acepte interrumpir el embarazo”,
imploraba.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en una resolución histórica
“Beatriz necesita vivir. Quiere vivir por su
otro hijo. Necesita que las autoridades le den una respuesta”, reclama Morena
Herrera, portavoz de la Agrupación
Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico en El Salvador.
Esta organización ha acompañado a la joven desde que llegó desde su pueblo al
hospital de la capital, y le ha facilitado asistencia legal. “Se la ha hecho
sufrir demasiado tiempo. Cada día que pasa puede causar daños irreparables en
su salud y las secuelas que puedan quedarle son importantes”, ha apuntado
Herrera, que ve ahora “una ventana de luz” en la situación de la joven.
El caso de Beatriz ha suscitado una gran
movilización internacional. A las campañas de organizaciones de mujeres y por
los derechos civiles de El Salvador, como la Agrupación Ciudadana para la
Despenalización del Aborto, se han sumado otras internacionales como Católicas por
el Derecho a Decidir, Ipas, el influyente Center for Reproductive
Rightso Catholics for
Choice. Amnistía
Internacional, que inició una campaña de apoyo hace algunas
semanas, ha recogido 82.000 firmas para pedir al Gobierno de Mauricio Funes que
encuentre la vía para salvar la vida de la mujer.
El hijo que espera
Beatriz es a encefálico y tampoco sobreviviría si siguiese adelante con la
gestación
También las redes diplomáticas se han
movilizado. Una delegación de parlamentarios socialistas que visitaron el país
centroamericano hace unos días pidió a las autoridades amparo para Beatriz y
ayer, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reunió con el
embajador en funciones de El Salvador en España. El diplomático le reiteró que,
con la resolución del Constitucional, la vía legal está agotada. Quedaba
entonces la política. La que tomó el Gobierno de Funes horas más tarde.
Pero además de la opción del parto inducido
que apoyan las autoridades sanitarias, la defensa de Beatriz maneja otra salida
por si las cosas se torcieran: que la mujer viaje para someterse a la
intervención en otro país que lo permita legalmente. En España, la plataforma Decidir nos
hace Libres solicitó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que
conceda asilo a la mujer para que pueda practicarse la intervención. Además, el
Grupo Dator se ha ofrecido para costear el viaje de Beatriz y un acompañante a
Madrid, así como la intervención. En España, la interrupción del embarazo en
situaciones de anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida,
como es el caso de la salvadoreña, está permitida.
Sin embargo, esta no es la opción idónea. “Beatriz
podría ser acusada de colaboración en delito y se expondría a una pena de hasta
dos años de cárcel”, aclaró la socialista Valenciano tras la reunión con el
embajador. Además, a las 25 semanas de gestación, el viaje no es nada fácil.
Beatriz anuncia que
será sometida a una cesárea
AFP, SAN JOSÉ
COMENTARIO: Que clase de gobierno, tiene el
salbador,¿que no hace honor a sunonbre?al contrario se niega a salvar la vida,
de una mujer para que nazca un niño, con discapacidad permanente para toda su vida,
¿Por qué?¿Y la iglesia por qué no se pronuncia, en este caso tan inhumano yo me pregunto,
¿Qué clase de religión es esta? y otra pregunta mas y ¿Qué clase de políticos
tiene esta nación las reformas de la carta La ministra de Salud asegura que salvará la vida de la mujer a pesar de que el Constitucional negó la posibilidad de un aborto. La Corte Interamericana exige al Gobierno que ampare a la joven
“Pido al presidente Funes que salve mi vida”
Lea la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 31 MAY 2013
El Gobierno de El Salvador abrió ayer por la tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la joven salvadoreña cuyo embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su vida. A pesar de la denegación de amparo del Constitucional salvadoreño, al que la mujer había recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica prohibida en ese país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales para que los médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta mujer a como dé lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó que el Constitucional deniega la petición de aborto por considerarlo contrario a su Carta Magna; pero que en el caso de que la salud de la mujer empeore y debido a que está ya en la semana 25 de gestación se le podría inducir un parto. “No estamos trabajando para la destrucción del feto, pero sus condiciones se han demostrado incompatibles con la vida”, incidió.
El Gobierno de Mauricio Funes trata de buscar una salida para el caso de la mujer que ha puesto la defensa de los derechos humanos de El Salvador en el punto de mira. Y ha encontrado sustento en el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió ayer a las autoridades del país que inicien “de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas” para que los médicos puedan “evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud” de la joven. La resolución de este órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo es vinculante; también es histórica: es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de aborto, por lo que sienta un precedente muy relevante en la región. El dictamen, por tanto, es importante; pero lo es más la intención del Gobierno de dar amparo a Beatriz. Porque a pesar de que El Salvador debería acatar el dictamen de la Corte de la OEA, podría eludirlo y hacerlo inefectivo con solo dilatar los plazos.
Beatriz, de 22 años, padece lupus eritematoso discoide e insuficiencia renal grave, patologías que se agravan con el embarazo cada día que pasa. Además, el hijo que espera tiene anencefalia —falta de parte del cerebro— y su pronóstico es, según el comité médico que estudia el caso, nefasto. Sobrevivirá, si lo hace, como máximo unos días; y no sin sufrimiento. Razones por las cuales los facultativos que la atienden en el Hospital de San Salvador donde está hospitalizada aconsejaron que no continuara la gestación.
Los médicos aún no se sienten del todo seguros para actuar
No obstante, el Constitucional salvadoreño, que escuchó en una vista oral a varios expertos en medicina legal, a la propia mujer y a los médicos que la atienden, considera que la salud de Beatriz no corre un riesgo inminente. Afirman que está “estable” y dictaminan que debe ser monitorizada y atendida convenientemente; y que en el caso de que se diese alguna complicación los médicos podrían realizar “las actuaciones que correspondieran desde el punto de vista médico”.
Y es precisamente a esa rendija a la que aluden las autoridades sanitarias del país. “Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar, y sin contravenir la Constitución. La corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los medios disponibles para ello”, argumenta la ministra de Sanidad. “Eso significa que deja todo en manos de las autoridades de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales”, argumentó. “Nosotros no vamos a dejar de atenderla y ante el primer síntoma de que se extrema su gravedad el equipo médico lo hará inmediatamente”, apuntó.
Fuentes médicas del hospital que atiende a Beatriz, sin embargo, explican que a pesar de la histórica resolución de la OEA y del apoyo del Gobierno los facultativos aún no se sienten seguros del todo para actuar. En su fallo, notificado el miércoles por la noche, el Constitucional salvadoreño avisa: “Los médicos deben asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del producto de la concepción”. “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus [el no nacido] ni viceversa”, dice la resolución del Constitucional salvadoreño, que ha salido adelante por tres votos frente a uno (otro magistrado se abstuvo).
El caso ha suscitado una enorme movilización política y social
En El Salvador la interrupción del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia y se castiga con hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se someten a ella —porque son procesadas por homicidio agravado— y con 12 años para los médicos que la realizan. Y eso supone todavía una inquietud para los médicos, muy presionados también por el debate social. Las organizaciones antiabortistas y la Conferencia Episcopal de El Salvador se han mostrado radicalmente en contra de cualquier intervención que implique poner fin al embarazo de Beatriz y han mantenido desde hace semanas un duro discurso contra cualquiera que la asista.
Mientras sus abogados y las autoridades salvadoreñas tratan de poner en marcha todas las opciones para que Beatriz pueda poner fin a la gestación, la mujer, madre de un hijo de 18 meses, está en vilo. Lleva casi dos meses hospitalizados en un centro de San Salvador (la capital del país) esperando que se le permita interrumpir un embarazo que ya sabe inútil. “Me siento mal con todo lo que está pasando, porque no quieren hacerlo [la intervención] sabiendo que el niño no va a vivir al nacer”, explicaba hace unos días en un vídeo, en el que rogaba a las autoridades que le permitieran abortar. “Pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude para que la sala del Constitucional acepte interrumpir el embarazo”, imploraba.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en una resolución histórica
“Beatriz necesita vivir. Quiere vivir por su otro hijo. Necesita que las autoridades le den una respuesta”, reclama Morena Herrera, portavoz de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico en El Salvador. Esta organización ha acompañado a la joven desde que llegó desde su pueblo al hospital de la capital, y le ha facilitado asistencia legal. “Se la ha hecho sufrir demasiado tiempo. Cada día que pasa puede causar daños irreparables en su salud y las secuelas que puedan quedarle son importantes”, ha apuntado Herrera, que ve ahora “una ventana de luz” en la situación de la joven.
El caso de Beatriz ha suscitado una gran movilización internacional. A las campañas de organizaciones de mujeres y por los derechos civiles de El Salvador, como la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, se han sumado otras internacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, Ipas, el influyente Center for Reproductive Rightso Catholics for Choice. Amnistía Internacional, que inició una campaña de apoyo hace algunas semanas, ha recogido 82.000 firmas para pedir al Gobierno de Mauricio Funes que encuentre la vía para salvar la vida de la mujer.
El hijo que espera Beatriz es a encefálico y tampoco sobreviviría si siguiese adelante con la gestación
También las redes diplomáticas se han movilizado. Una delegación de parlamentarios socialistas que visitaron el país centroamericano hace unos días pidió a las autoridades amparo para Beatriz y ayer, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reunió con el embajador en funciones de El Salvador en España. El diplomático le reiteró que, con la resolución del Constitucional, la vía legal está agotada. Quedaba entonces la política. La que tomó el Gobierno de Funes horas más tarde.
Pero además de la opción del parto inducido que apoyan las autoridades sanitarias, la defensa de Beatriz maneja otra salida por si las cosas se torcieran: que la mujer viaje para someterse a la intervención en otro país que lo permita legalmente. En España, la plataforma Decidir nos hace Libres solicitó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo a la mujer para que pueda practicarse la intervención. Además, el Grupo Dator se ha ofrecido para costear el viaje de Beatriz y un acompañante a Madrid, así como la intervención. En España, la interrupción del embarazo en situaciones de anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, como es el caso de la salvadoreña, está permitida.
Sin embargo, esta no es la opción idónea. “Beatriz podría ser acusada de colaboración en delito y se expondría a una pena de hasta dos años de cárcel”, aclaró la socialista Valenciano tras la reunión con el embajador. Además, a las 25 semanas de gestación, el viaje no es nada fácil.
Beatriz anuncia que será sometida a una cesárea
AFP, SAN JOSÉ
COMENTARIO: Que clase de gobierno, tiene el salvador,¿que no hace honor a su nombre?al contrario se niega a salvar la vida, de una mujer para que nazca un niño, con discapacidad permanente para toda su vida, ¿Por qué?¿Y la iglesia por qué no se pronuncia, en este caso tan inhumano?yo me pregunto, ¿Qué clase de religión es esta? y otra pregunta mas y ¿Qué clase de políticos tiene esta nación?las reformas de la carta magna como ellos dicen esta obsoleto y tiene que ser reformada para que, lo que esta ocurriendo ahora no vuelva a suceder.LA RECORTA.
como ellos dicen esta obsoleto
y tiene que ser reformada para que, lo que esta ocurriendo ahora no vuelva a
suceder.LA RECORTA.
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