Irene Lozano
21/06/2013
Así, a bote
pronto, parece que colocar 30.000 millones por descuido es difícil, pero
el fiscal se encuentra en condiciones de asegurar -sin pedir ninguna
prueba o testimonio- que no hay ningún indicio de delito. Se le echó de
más cuando se opuso a la admisión de la querella y ahora de
nuevo al haberla recurrido. El juez Andréu explicaba muy
bien en su auto de admisión cómo las tesis del fiscal equivaldrían a crear un
"espacio de impunidad".
En
escándalos muy sonados, como el de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción se mostró
favorable a que se abriera la investigación, si bien se opuso inicialmente a la
imputación de los consejeros, tal como pedía UPyD y aceptó el juez. Hasta ahora
se ha echado de menos una Fiscalía commeilfaut en la
instrucción: su aportación ha sido mínima e incluso contraria a la
práctica de ciertas pruebas. Y como hablamos de una entidad que ha necesitado
la friolera de 20.000 millones de euros de dinero público un año
después de haberse ofrecido a los inversores de bolsa como un suculento
negocio, se echa de menos diligencia y ahínco en la persecución del delito.
¿De qué
lado están los fiscales? ¿Contra los delincuentes -presuntos- y a favor de las
víctimas? Juzguen ustedes mismos. Caso Urdangarin: el juez imputa a la Infanta
y el fiscal se moviliza a toda velocidad para lograr la des imputación.
Caso Blesa: también los denodados esfuerzos del fiscal han conseguido la anulación
de parte de las actuaciones, si bien, para ser justos, hay que decir que una
instrucción más minuciosa del juez habría dificultado las evidentes intenciones
de la Fiscalía.
Quizá el
caso más sangrante de todos sea la de Madrid Arena. Isabel de la Fuente,
madre de Cristina, una de las cinco chicas fallecidas, declaraba recientemente
a este medio: "La Fiscalía debe velar por los derechos de las víctimas; en
ningún sitio pone que debe defender a los imputados, y es lo que están haciendo".
En los
casos de Caja Navarra o Caja Segovia también se echó de
menos a los fiscales en un principio, pues tampoco iniciaron motu
proprio la investigación. Y cuando finalmente lo hicieron los jueces
-también a instancias de UPyD-, en seguida se les ha empezado a echar de más.
Se espera que un fiscal acogote a preguntas a los sospechosos, proponga
innumerables pruebas al juez, en fin, que busque delitos debajo de las
piedras. Ese es su
trabajo y para eso les pagamos un sueldo con nuestros
impuestos.
En la
Audiencia Nacional, los fiscales plantean las mismas preguntas que los abogados
defensores, y asumen sus tesis en la instrucción de Bankia o de las
preferentes. Es el mundo al revés: quien debe perseguir el delito persigue a
los denunciantes y defiende a los sospechosos, una aberración jurídica.
¿Qué
intereses defienden los fiscales? El hilo común que une casos tan dispares
como el de las preferentes o la de Madrid Arena es el establishment.
En todos ellos, personalidades muy distinguidas temen no sólo por su futuro
penal, sino también por todo lo que estas investigaciones judiciales van
revelando respecto a la podredumbre acumulada durante años en instituciones
gobernadas por ellos.
Ese hilo
está tejido con el abuso de poder, la corrupción y la impunidad de la
oligarquía política, aliada de forma espuria con elites empresariales o
financieras. La actuación de la fiscalía se explica por el principio de
jerarquía y, por tanto, hay que mirar a su cúspide, ese fiscal general del
Estado al que nombra el Gobierno. Ese ministerio público que cada día es más
ministerio y menos público, pues defiende intereses particulares cuando se le
echa de menos y cuando se le echa de más, por acción y por omisión.
En esta
situación, el ministro Gallardón ha propuesto dos cambios legales que
dan la medida exacta de la desesperada búsqueda de impunidad por parte del
poder. Uno, que sean los fiscales quienes se encarguen de la instrucción; así
quedarán blindados ante cualquiera de esos jueces esforzados que creen en lo
que hacen y pueden desmandarse en cualquier momento. Dos, eliminar de la
ley la posibilidad de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular
como hasta ahora (UPyD no habría podido querellarse
contra Bankia o por las preferentes, para que se hagan una idea).
Se trata de
tapar las escasas fugas del sistema por las que es posible hacer justicia. Se
trata de garantizar la impunidad de su trama delictiva y corrupta sirviéndose
de esa administración de justicia que ponen a precio de oro para el ciudadano
de a pie. Y todavía hay gente que tiene dudas respecto al daño que causa a la
democracia la falta de una justicia independiente.
COMENTARIO: Aberrante, desproporcionado,
vergonzoso, una sin razón y una indefensión, para los más pobres y más débiles,
mi entender los políticos corruptos son los grandes favorecidos, yo lo
titularía…LA JUSTICIA CONTRA LA JUSTICIA…LA RECORTA.
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