El fiscal pide
cárcel para hijos de importantes empresarios valencianos.La Fiscalía ha pedido penas de
prisión para miembros de importantes grupos empresariales valencianos que en el
año 2000 crearon la empresa de telecomunicaciones Metro red, con la que les
acusa de haber defraudado a Hacienda 7,76 millones de euros.
Entre los imputados están quienes,
en el consejo de administración de Metro red, representaban a accionistas como
la constructora Cleop, la
citrícolaMartinavarro, la inmobiliaria Ballester,
la azulejera Keraben y Unión de Valores, de la familia
Aznar, propietaria de la textil Marie
Claire y segunda accionista del Banco de Valencia hasta su
intervención. También el banco era accionista.
La mayoría son miembros de la segunda generación,
como José Luis Martinavarro, Rafael Benavent Estrems, Reyes Ballester y Ana
Patricia Barreda Aznar, aunque también está el presidente de Cleop, Carlos
Turró.
Entre los acusados se encuentra
también el ex consejero valenciano de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que fue
consejero delegado de Metro red durante seis meses. Curiosamente, fue justo
después de salir de prisión tras cumplir tres meses de los cuatro años de
cárcel a los que fue condenado por apropiarse de dinero donado por una
congregación religiosa cuando era alcalde de Orihuela (Alicante).
Según publicó el diario Levante, el fiscal sostiene que Metro
red emitió facturas sin IVA a
clientes que simulaban estar domiciliados en Canarias, teniendo pleno
conocimiento la empresa valenciana de que eran de la Península y Baleares.
Además, Metro red simuló a través de una filial que prestaba servicios desde
Canarias cuando en realidad estaba en una zona que no estaba exenta del
impuesto.
El presunto fraude fiscal se habría
cometido entre 2005 y 2008 con el apoyo de las empresas Dania
Servicios Tecnológicos y Vogayer Tecnológica. Las tres fueron liquidadas en
2011, tras entrar en concurso.
Carlos Turró confirmó a el Economista que el fiscal pide para cada imputado
-son un total de 16- cuatro años
de cárcel por cada año de presunta defraudación y un total de 46 millones de multa, y
que el caso está recurrido por las defensas ante la Audiencia Provincial de Valencia.
COMENTARIO. Y el perjuicio ciudadano que
causó esta empresa es mayor, porque firmaba contratos con Ayuntamientos para
cablear ciudades con fibra óptica y así obligar a los proveedores de cable a
pasar por el aro. Esta práctica fraudulenta, que al final les salió mal, evitó
que muchas ciudades tuviesen infraestructura real de cable, ya que entonces las
compañías proveedoras la instalaban gratis porque tenían fondos para ello. Si
en tu ciudad no tienes fibra óptica es probablemente gracias a tu ayuntamiento
y a empresas como ésta.LA RECORTA.
1 comentario:
Menuda panda de chorizos, en el levante ibérico tenemos lo mejorcito de la corrupción pepera. En el negocio del agua privatizada van de escándalo en escándalo: Depuradora de Pinedo, Facsa y la financiación de la campaña del PP, políticos que dimiten por ladrones y se refugian en empresas que les devuelven los favores... podéis ver mas info aquí:
http://estamosconelaguaalcuello.blogspot.com.es/
Un abrazo libertario desde la CNT de Mazarrón, Murcia. ¡Salud!
Publicar un comentario