EL DRAMA DE LOS DESAHUCIADOS El Tribunal de Justicia europeo considera abusiva la ley española sobre desahucios
La sentencia del Tribunal europeo dice que
es contraria a las normas de la Unión
El fallo del tribunal europeo será
directamente aplicable a partir de ahora
LUIS DONCEL / MÓNICA CEBERIO BELAZA Bruselas
/ Madrid 14 MAR 2013: El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea considera abusiva e ilegal la normativa
española sobre desahucios que permite que las familias que no
pueden pagar una hipoteca puedan quedarse en la calle y con la deuda a cuestas.
Esta posibilidad vulnera los derechos de los consumidores que protege la
directiva comunitaria y así lo ha plasmado el tribunal en su sentencia.
Una de las argumentaciones de la sentencia
hace referencia a que, ante los desahucios, los jueces o pueden adoptar medidas
cautelares "entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de
ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para
garantizar la plena eficacia de su decisión final".
El fallo del tribunal europeo será
directamente aplicable a partir de ahora y en los procesos que están vivos, así
como en las sentencias pendientes de dictar.
La sentencia es de
obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE. Los magistrados deberán
tener en cuenta esta sentencia en todos los casos, aunque el fallo no es
vinculante. Pese a que España no estaría formalmente obligada a cambiar la ley,
el Gobierno español ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso.
El origen de todo fue Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona), que fue
desahuciado en enero 2011 y cuyo caso llegó al Juzgado Mercantil número 3 de
Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión
prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los
derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria. Lo hizo,
explica él, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de
un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos
de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.
La sentencia coincide en el tiempo con el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que,
respaldada por un millón y medio de firmas, pide que se paralicen los
desahucios, que los afectados puedan devolver sus pisos al banco y quedarse a
vivir pagando un alquiler social.
El dictamen no vinculante emitido en noviembre pasado por la abogada general de la Unión
Juliane Kokott, ya dijo que “el sistema de ejecución hipotecaria español limita
de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado a la luz de la
normativa europea”. En sus conclusiones, la abogada general recordó que, al no
existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución
forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades
procesales.
No obstante, el dictamen precisó que la
regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculicen los
derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las
cláusulas contractuales abusivas. Y la abogada general estimó que "la
regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba
la eficacia de la protección que ésta persigue".
El Partido Popular e Izquierda Unida se han
puesto de acuerdo en Madrid, piden al Gobierno central de España la
modificación de la Ley que regula las hipotecas en el sentido de que si alguien
pierde su casa por no poder pagar la hipoteca quede extinguida la deuda con el
banco que se queda la vivienda tal como ocurre, por ejemplo, en los EEUU.
Actualmente, si a alguien que no puede pagar
la hipoteca le embargan y sale a subasta el inmueble puesto en garantía, si con
la venta del mismo no cubre el importe que se debe al banco (hoy en día la
mayoría de veces) el deudor sigue debiendo en el futuro la parte que el banco
no ha podido cobrar, por lo que lo tiene difícil para poder comprarse de nuevo
una casa si no salda cuentas con el anterior banco.
En los EEUU la cosa es distinta, el banco,
tras los embargos legales, se queda con la casa del hipotecado que no ha
podido hacer frente a las cuotas de la hipoteca, pero la deuda queda saldada.
Entonces digo como el pp, en el 2009 pedía
la dación de pago conjunta mente con IU, estando en toces en la oposición, ¿como
ahora que está en el poder, como no dicta esa ley que reclamaba al gobierno que
estaba en el poder?, pero mira por donde la UE le da un tirón de orejas al pp,
políticos embusteros donde reclamaron y después no hacen lo prometido…LA
RECORTA.
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