20130305
la familia real española se esconde por detras de Urdangarin
Urdangarin coloca a Camps y Barberá al borde
de la imputación
El yerno del Rey admite los contratos a dedo
que le dieron los dos dirigentes del PP
ANDREU
MANRESA : Francisco
Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana y diputado
autonómico, y Rita Barberá,
alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, están a un paso de ser imputados
en el caso Nóos por
la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigíanIñaki
Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres, por casi
cuatro millones de euros entre 2004 y 2006.
Como ambos políticos del PP son
aforados, si el juez Castro entendiera finalmente que hay indicios suficientes
contra ambos dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación
referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal Superior
de Justicia de esa autonomía.
La
declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado
23 de febrero, cuya
transcripción adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS,
coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del ex
presidente balear Jaume Matas,
ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Urdangarin admitió ante el juez que todos
los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos
eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa
comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que
asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público
alguno.
“Me reuní en Valencia con Francisco Camps.
Había una idea sobre los Juegos Europeos y les explicamos lo que se podía
hacer, si había una oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”,
declaró Urdangarin. El duque de Palma aseguró que no recordaba las fechas de
aquella decisión pero que tras salir de la reunión con Camps empezaron a
trabajar en el proyecto de los Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a
efecto, pero Nóos giró a la Comunidad Valenciana facturas por 382.000 euros por
una serie de estudios para su realización. Según la investigación judicial,
estos documentos preliminares valían mucho menos y de hecho, la Generalitat
Valenciana llegó a devolver al instituto de Urdangarin más de 100 facturas por
valor de dos millones de euros.
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